Política y Cooperación Ambiental

La tentativa más reciente de conseguir una legislación en materia de cambio climático en Estados Unidos (EE.UU.) sucedió hace algunos días cuando dos senadores, respaldados por parte del sector industrial y empresarial, revelaron la versión preliminar de la American Power Act (APA).

A diferencia de otras versiones para regular este fenómeno, la APA es mucho más blanda en cuanto a las reducciones de emisiones de carbono de alto costo, pero reforzada en cuanto a los incentivos para aquellos que se han opuesto fuertemente a las acciones para detener las emisiones.

El borrador de la legislación, respaldado por los senadores John Kerry (demócrata) y Joe Lieberman (independiente), pretende reforzar las acciones nacionales para abordar el cambio climático; esto mientras se busca acelerar el desarrollo económico y generar más empleos. El proyecto de ley retoma hasta cierto punto las metas de reducción de emisiones y los calendarios de la iniciativa Waxman-Markey que fuera aprobada en la Cámara de Representantes en junio del año pasado, también conocida como American Clean Energy and Security Act.

El tope para las emisiones nocivas en el borrador de Kerry-Lieberman sería efectivo a partir de 2013, un año después que en el caso de la iniciativa Waxman-Markey. El límite superior sería determinado en un nivel 4,75%, inferior a los niveles de emisión de 2005, y presentaría una reducción del 17% por debajo de los niveles de 2005 para 2020, 42% para 2030 y 83% para 2050. Notablemente estos números mantienen los objetivos que los EE.UU. han defendido internacionalmente en el contexto de las negociaciones sobre cambio climático, definiendo así su contribución máxima posible.

La iniciativa propone introducir regulación en cuatro sectores que son los principales contribuyentes a las emisiones de gases de efecto invernadero: generación de electricidad, operaciones industriales, distribución del gas natural y combustibles de petróleo. También delinea un programa de compensación que otorgaría a los mayores contaminantes el derecho de acumular créditos para reducir emisiones más allá de sus metas, así como comprar créditos cuando sea necesario.

El proyecto de ley permite un máximo de 2.000 millones de créditos de compensación que estarían disponibles para determinadas entidades. Estos créditos son restricciones cuantificadas en emisiones de gases de efecto invernadero que son generados por proyectos específicos; empresas u otros actores que no puedan reducir emisiones en sus actividades pueden comprar dichos créditos para cumplir con los requisitos regulatorios.

Como en el proyecto Waxman-Markey, la APA otorga “allowances” (asignaciones) a las compañías eléctricas y de distribución de gas natural para que contaminen. Dichas asignaciones además están dirigidas hacia un fondo para ayudar a reducir el déficit federal. Los proponentes de la iniciativa esperan que estas asignaciones ayuden a la legislación a conseguir un amplio apoyo, especialmente entre los republicanos y los senadores de los estados intensivos en emisiones de carbono.

Medidas en frontera más “suaves”

La iniciativa Kerry-Lieberman, al igual que intentos anteriores por regular el cambio climático, permitirá el uso de “medidas en frontera”, sea en la forma de un arancel o un costo añadido a las importaciones provenientes de países que no hayan emitido normas estrictas sobre emisiones de gases de efecto invernadero. Estas medidas son una especie de instrumentos de reserva para proteger el empleo y evitar la fuga de carbono. En otras palabras, tienen el objetivo de ayudar a los EE.UU. a conseguir sus objetivos ambientales en el supuesto de que no se logre un acuerdo global de cambio climático.

En el proyecto en comento se crearían dos programas: uno destinado a los productores domésticos y otro a los extranjeros. Para los primeros, tratándose de los sectores cubiertos por la APA, la agencia de protección ambiental de los EE.UU. (Environmental Protection Agency, EPA) ofrecería descuentos a aquellas compañías que se vean más afectadas al intentar cumplir esta eventual nueva ley; es decir, sería un subsidio para el cumplimiento, de manera tal que se asegure que la ley no perjudique la competitividad de las empresas nacionales.

Para el caso de los productores extranjeros, la ley permitiría que el Presidente establezca un “programa internacional de reserva de asignaciones”. De esta forma, los productores extranjeros podrán comprar emisiones si desean exportar a los EE.UU. A diferencia de un arancel al carbono, este régimen someterá a los exportadores extranjeros al mismo régimen sectorial de cap-and-trade que aplicaría para las empresas nacionales.

No obstante, se requieren de ciertas condiciones antes de que este programa pueda entrar en vigor. Primero, el Presidente Obama tendrá que autorizar su creación; segundo, aplicaría sólo en el caso de que no se alcance un acuerdo multilateral sobre la materia; tercero, el programa sería creado hasta 2020 y entraría en vigencia hasta 2023. Por último, sólo se implementaría a productores de países con regímenes más blandos que el estadounidense, lo cual sería determinado por el Presidente de los EE.UU.

Vertido de petróleo en el Golfo de México

Debido a los más recientes acontecimientos por el vertido de petróleo en el Golfo de México, el Presidente Barack Obama ha enfatizado la necesidad de efectuar una reforma importante de la política energética de ese país, añadiendo que espera que la ley climática sea aprobada este año. El borrador Kerry-Lieberman visualiza una reducción del 40% en las importaciones de crudo hacia 2030.

La iniciativa también contiene normas para el desarrollo nuclear, incentivos para retirar generadores de carbón y orientarse hacia fuentes renovables de energía, incentivos para el sector de transporte, etc.

¿Qué sigue?

Los siguientes pasos para la iniciativa Kerry-Lieberman incluyen un análisis económico por parte de la oficina de medioambiente de EE.UU, EPA, así como de la Energy Information Administration, seguido de un debate en el Senado. No obstante, determinar si la iniciativa será capaz de atraer los 60 votos necesarios para romper con la resistencia republicana depende de muchos factores, incluida la respuesta de la industria del carbón y el desenlace del controversial incidente del derrame de petróleo en aguas del Golfo de México.