Política y Cooperación Ambiental

Luxemburgo/Estrasburgo, (dpa) - Los titulares de Medioambiente de la Unión Europea, reunidos hoy en Luxemburgo, acordaron que propondrán en la cumbre de Copenhague el compromiso de reducir hasta entre un 80 y un 95 por ciento las emisiones de CO2 para 2050 respecto a los niveles de 1990, informaron diplomáticos.

Sin embargo, tal propuesta, que responde a las recomendaciones de los expertos de Naciones Unidas, sólo se mantendrá si otras economías desarrolladas hacen esfuerzos similares, puesto que se enmarca "en el contexto de las reducciones necesarias (...) por parte de los países desarrollados como grupo", según reza el borrador del acuerdo.

El documento elaborado hoy propone también que navieras y aerolíneas reduzcan sus emisiones globales de C02 entre un 10 y un 20 por ciento hasta 2020, informaron diplomáticos.

Aunque el borrador resultante de la sesión de hoy, elaborado por la presidencia sueca de la UE, subraya que tales objetivos sólo deben leerse en clave de "propuestas para las negociaciones" en Copenhague y no como un compromiso de la UE de imponer esas restricciones unilateralmente.

Sin embargo, no hubo acuerdo en torno a la cuestión del comercio de derechos de emisión, por valor de miles de millones de euros, que demandan los países del este de Europa, por lo que la presidencia rotativa de la UE pospuso las conversaciones con un grupo de naciones de países de Centroeuropa y de Europa del este liderados por Polonia.

Los países del este luchan por mantener su derecho a comerciar con las emisiones que les otorga el Protocolo de Kyoto. Sin embargo, los países de Europa occidental aseguran que hacer uso de esos derechos destruiría los esfuerzos por frenar el calentamiento global.

El uso ilimitado de esos derechos "socavaría íntegramente la postura de la UE y de los objetivos de la UE para después de 2012", advirtió la ministra de Medioambiente danesa, Connie Hedegaard, cuyo país acogerá las cruciales conversaciones climáticas de Naciones Unidas sobre la lucha contra el cambio climático en Copenhague en diciembre.

También la presidencia sueca de la UE alertó de que el uso de los excedentes para el comercio con derechos de emisiones que defienden los gobiernos en del este de Europa "afectaría a la integridad medioambiental" de un acuerdo mundial sobre la lucha contra el cambio climático. En un primer borrador Suecia había sido más drástica y en lugar de "afectaría" dijo que el comercio con derechos de emisión "minaría la integridad medioambiental".

La UE deberá encontrar, por tanto, una vía para limitar el impacto de la venta de derechos de emisiones "en vista de las discusiones con otras partes" como Rusia y Ucrania.

Polonia, que es el país que cuenta con el mayor número de dichos derechos de emisión, por su parte, exigió al bloque que acordase unos límites mínimos a su uso que le permitan continuar comerciando con sus derechos sobrantes después de 2012, año en que expira el Protocolo de Kyoto.

El actual protocolo contempla que los países que reducen sus emisiones de CO2 más de lo comprometido, por debajo de los niveles de 1990, pueden vender los certificados de emisiones excedentes, conocidos como las "Assigned Amount Units" (AAU) a los países que no hayan alcanzado sus objetivos, de modo que estos últimos evitarán el pago de multas por sus excesos.

Tras el colapso de la Unión Soviética, y en consecuencia el de su industria altamente contaminante, los ex países soviéticos redujeron drásticamente sus niveles de contaminación, por lo que acumulan grandes cantidades de derechos de emisión.

Los Estados occidentales alertan de que si se les permite a las naciones de Europa del este vender sus AAU después de que el acuerdo que se espera alcanzar en Copenhague entre en vigor en 2013, los gobiernos en otros lugares simplemente comprarán esos derechos de emisión, en lugar de reducir sus niveles de CO2, y paralizarán la lucha contra el cambio climático.

No obstante, los países de Europa oriental sostienen que no pueden permitirse renunciar a una fuente de ingresos tan lucrativa.

Por su parte, desde Estrasburgo el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, demandó hoy de cara a la cumbre climática de Copenhague ayudas financieras para introducir medidas de protección medioambiental en países pobres.

Exigió que en el encuentro de los jefes de Estado y de gobierno de la UE, que tendrá lugar el 29 y el 30 de octubre en Bruselas, se adopten "decisiones definitivas" al respecto.

Según las estimaciones, la protección medioambiental sólo en los países en vías de desarrollo tendrá unos costes hasta 2020 de unos 100.000 millones de euros (150.000 millones de dólares) al año, que deberán sufragar los países industrializados.

Sin embargo, Polonia manifestó el deseo de su gobierno de contribuir en menor medida a las ayudas de la Unión Europea para la adopción de disposiciones medioambientales en países en vías de desarrollo y exigió que la contribución de cada país sea establecida de acuerdo con su capacidad económica.

El ministro de Medioambiente alemán, Sigmar Gabriel, advirtió, sin embargo, que ese criterio a la hora de asignar las aportaciones financieras para los países más pobres tendría como consecuencia que en el caso concreto de China, los costes recayeran en Europa.

Los ministros de Finanzas de la UE hasta ahora no han logrado llegar a un acuerdo sobre cifras concretas y obligaciones, por lo que esta tarea recaerá sobre los jefes de Estado y de gobierno en la reunión de finales de mes.

Fuente: El País, http://elpais.cr/articulos.php?id=15103